¿Y si los seguros, además de éticos, pudieran ser democráticos?

por Albert | 05 03 2026 | Actualidad

La libertad financiera exige poder decidir sobre nuestros ahorros, también en el sector seguros

Artículo publicado originalmente en Valor Social por Seryes

Los seguros son, junto con las entidades de servicios bancarios y de crédito, uno de los pilares del sistema financiero. Según el informe El Mercado Español de Seguros 2024, los españoles gastaron de media 1.531,2 euros en pólizas durante el año. También en 2024, las inversiones del sector asegurador superaron los 320.000 millones de euros, según un estudio divulgado por la asociación ICEA. Esas inversiones se repartieron fundamentalmente en deuda pública (47%) y deuda de las empresas (20%). Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, basta señalar que equivale aproximadamente a la capitalización bursátil conjunta de las dos mayores empresas del Ibex 35 (Inditex y Banco Santander), o a cerca del 20% del PIB anual de España.

El origen de ese capital no es otro que las primas que pagan los asegurados por sus pólizas. Algo que pocas personas saben es que, hasta que necesitan rescatar en forma de indemnizaciones el dinero que han depositado en sus seguros, las compañías aseguradoras lo invierten para obtener beneficios en forma de intereses, dividendos, o por la compraventa de acciones. El perfil inversor de las aseguradoras es conservador por la necesidad de garantizar el pago de indemnizaciones a sus clientes, de ahí que casi la mitad de su inversión se destine a la deuda pública; pero no podemos dejar de señalar que ese no es el único destino de las inversiones en el sector.

La transparencia, la base de la democracia aseguradora

Una mayor transparencia por parte de las aseguradoras sobre el destino de sus inversiones y los criterios empleados en la toma de decisiones redundaría en un fortalecimiento de la confianza de sus clientas y de la sociedad en su conjunto. A su vez, una mayor confianza en el sistema financiero facilita la resiliencia del conjunto de la economía.

Sabemos que la seguridad es el principal criterio a la hora de invertir (y eso es positivo), pero el segundo criterio más utilizado suele ser la maximización del beneficio. Algunas de las actividades más lucrativas lo son, precisamente, porque externalizan sus impactos negativos. Encontramos ejemplos de ello en informes como los elaborados por Banca Armada o Insure our Future.

Tanto el alcance de los movimientos de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) como las encuestas de opinión nos muestran que determinadas políticas de inversión no cuentan con una buena valoración por parte de la mayoría de la población. Sin embargo, las entidades financieras mantienen esas inversiones mientras publicitan ampliamente cualquier acción con impacto socioambiental positivo. Junto con las energéticas, las empresas financieras son las que más recursos destinan a mejorar su imagen ante la opinión pública tras la crisis bancaria de 2008 y han sido pioneras en prácticas como el greenwashing y socialwashing.

Como reacción a las prácticas del sector financiero que desembocaron en la ya citada crisis de 2008, surgieron los movimientos de finanzas éticas, que hicieron de la transparencia una de sus principales banderas. Esta se aplica tanto a la claridad y sencillez de los contratos como a la publicación del destino de sus inversiones.

Imaginando futuros posibles para los seguros éticos

El siguiente paso para fortalecer la función social del sistema asegurador pasa por fomentar la participación de su base social en la toma de decisiones. En un sistema económico que tiende a situar a las personas en un papel pasivo (como evocaba la máxima ilustrada de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), permitir la participación democrática en la toma de decisiones es un acto revolucionario.

Un cambio de tanto calado en la forma de relacionarse entre una entidad financiera y sus socias y usuarias no es lineal ni rápida. Requiere articular espacios de participación que sean realmente operativos y promover la movilización e implicación de la base social. A menudo tenemos pocos ejemplos a seguir; por eso es necesario imaginar alternativas y explorar cómo integrarlas en las dinámicas existentes. Con todo, hay motivos para el optimismo: desde el nacimiento de las finanzas éticas hasta hoy se han producido cambios significativos que permiten pensar en propuestas que hace apenas dos décadas habrían parecido utópicas.

En ese sentido, la sociedad dispone de cada vez más herramientas digitales que permiten generar espacios de participación más dinámicos y democráticos. Un ejemplo lo encontramos en los presupuestos participativos impulsados por muchas administraciones locales durante la pasada década, y que aún perviven en numerosos municipios. Entidades como la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana impulsan el análisis y el intercambio de este tipo de experiencias.

A partir de estos casos, resulta posible imaginar cómo trasladar sus métodos y aprendizajes para profundizar en la democratización del sector asegurador. Podemos, por ejemplo, plantearnos cómo podríamos trasladarlo a la política de inversiones de nuestras entidades, permitiendo tanto que sea la propia base social quien proponga dónde destinar una parte de los fondos como que esa misma base social pueda elegir entre las opciones propuestas cuáles se adecúan mejor a sus valores. Y esa es una de las muchas posibilidades que hoy podemos empezar a explorar.

Lo único que no podemos permitirnos es renunciar a imaginar futuros mejores para las finanzas y seguros éticos, ni dejar de innovar en modelos de gobernanza participativa. En un contexto internacional que parece dirigirse hacia modelos más autoritarios y donde se perciben retrocesos en el respeto a los derechos humanos, debemos demostrar que existen alternativas realistas y viables. Para ello, es necesario profundizar en la democratización de nuestras propias entidades e instituciones. Nos jugamos mucho en ello.